Una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) elaboró un informe en el que determina que la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala "es arbitraria" y por lo tanto le pide "al "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato".
El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que depende de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado, el Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida en el tiempo. El Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Se trata de una situación incómoda para el gobierno de Mauricio Macri. El mismo Presidente siempre ha ponderado que la detención de Sala fue realizada por "jueces independientes" que no han sufrido presiones por parte del gobierno de Jujuy, que comanda su aliado en Cambiemos Gerardo Morales. Incluso, Macri terminó abruptamente una conferencia de prensa en Davos cuando se enojó porque un periodista comparó la situación de Sala con la del venezolano Leopoldo López, al que el Presidente sí considera un preso político del régimen chavista.
La líder de la organización Tupac Amaru se encuentra presa desde el 16/01 cuando fue detenida acusada por el delito de incitación a la violencia a partir del acampe frente a la gobernación jujeña. Si bien por esa causa le fue dictada la excarcelación, Sala continúa detenida porque sobre ella pesa una detención preventiva en el marco de otra causa, en este caso por asociación ilícita.
El CELS junto a Amnesty Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) promovieron la presentación que derivó en el informe que se conoció este viernes.
Consultados por Urgente24 sobre si la ONU podía pedirle al Poder Ejecutivo de la Argentina que anule un fallo de la justicia provincial de Jujuy, desde el CELS respondieron que lo que solicita es que "el Gobierno arbitre las medidas necesarias" para cumplir con este pedido. Gabriela Kletzel, directora del Equipo Internacional de la entidad que dirige el periodista Horacio Verbitsky, explicó a este medio que la solicitud se hace al Estado argentino porque es éste el que interviene en las relaciones con la ONU, así como en otras de carácter internacional. En una comunicación telefónica, Kletzel dijo que una de las formas en las que el Gobierno Nacional, que participó en el seguimiento del caso de Sala por parte del Grupo de Trabajo, es presentarse ante los tribunales de Jujuy respaldando la posición de Naciones Unidas.
Kletzel aseguró que el informe del Grupo de Trabajo hizo hincapié en la presunta designación irregular de fiscales, lo que habría conducido a la detención de Sala, poniendo bajo foco también sobre las responsabilidades políticas del caso.
Según el comunicado del CELS, además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse, agrega el comunicado.
De acuerdo a lanación.com, el documento del Grupo de Trabajo llegó este viernes a la Cancillería. Desde el Palacio San Martín afirmaron que se está evaluando el tema ya que sobre Sala pesa una denuncia penal por malversación de fondos públicos y está detenida también por esa causa aunque sin sentencia firme.
Según ese medio, la validez final del contenido del informe será determinada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la que depende el Grupo de Trabajo.
Por su parte, el gobierno jujeño le bajó el tono al informe de la ONU. "Es por ahora una recomendación de un grupo de trabajo, pero no es definitivo", dijeron fuentes citadas por lanación.com.
